En el conversatorio, Pelegrín Castillo analiza las implicaciones del nuevo Código Penal para el sector empresarial dominicano, partiendo de un principio fundamental: a mayor libertad, debe existir mayor responsabilidad. Explica que la libertad empresarial, al igual que cualquier otra forma de libertad reconocida constitucionalmente, tiene una función social y genera obligaciones frente a los trabajadores, consumidores y la sociedad.
Castillo sostiene que las empresas pueden generar grandes beneficios para el país, pero también pueden producir perjuicios cuando existen fallas, omisiones, evasión de compromisos o incumplimiento de normas. Por esa razón, considera razonable que las empresas tengan el deber de prevenir situaciones que puedan afectar a sus empleados, clientes, consumidores o a la ciudadanía.
Sin embargo, advierte que no todas las empresas tienen la misma capacidad para asumir nuevas cargas regulatorias. Recuerda que el tejido empresarial dominicano está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas y que el país enfrenta un problema persistente de informalidad. A su juicio, esa informalidad está relacionada, entre otros factores, con el incremento de las cargas que enfrentan las personas y las empresas.
El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista también plantea que República Dominicana vive una especie de dualidad estructural: por un lado, existe una sociedad moderna, conectada internacionalmente y con importantes avances económicos y tecnológicos; pero, por debajo de ella, persisten sectores que no han logrado incorporarse plenamente a esos cambios. Esta realidad, señala, debe ser tomada en cuenta al momento de aplicar una legislación penal que pueda generar nuevas responsabilidades para las empresas.
Uno de sus principales planteamientos es la necesidad de diferenciar entre grandes empresas y micro, pequeñas y medianas empresas. Castillo advierte que una regulación excesiva puede ser asumida por compañías de gran capacidad económica, mientras que para una pequeña empresa podría representar costos difíciles o imposibles de soportar. Por ello, propone que la aplicación de las normas tenga en cuenta las diferencias existentes dentro del sector empresarial.
Al mismo tiempo, aclara que establecer diferencias en función del tamaño de las empresas no significa eliminar sus responsabilidades. Considera necesario impulsar políticas de educación y orientación dirigidas a empresarios y directivos, para que conozcan y cumplan las normas elementales cuya violación pueda generar responsabilidad.
Castillo también destaca la importancia de la responsabilidad civil y económica. Desde su perspectiva, para una empresa puede resultar incluso más perjudicial que su patrimonio sea afectado mediante sanciones económicas o indemnizaciones que enfrentar una sanción penal. Esto demuestra, según su análisis, que la prevención y el cumplimiento de las normas deben formar parte de la gestión empresarial.
Finalmente, expresa una preocupación más amplia: el problema no siempre está en aprobar nuevas leyes, sino en lograr que realmente se cumplan. Basándose en su experiencia legislativa, afirma haber participado en la aprobación de numerosas leyes que posteriormente no son aplicadas, o se aplican de manera deficiente. Por eso advierte que el nuevo Código Penal puede enfrentar el mismo problema si no se crean mecanismos adecuados para garantizar su correcta aplicación.
En esencia, Pelegrín Castillo plantea que el nuevo Código Penal debe buscar un equilibrio entre responsabilidad empresarial, protección de los trabajadores y consumidores, y las capacidades reales de las empresas dominicanas, evitando una sobrerregulación que pueda afectar especialmente a las MIPYMES y agravando el problema de la informalidad.
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