Dame un resumen «La Fuerza Nacional Progresista propone transitar del “Código 29” a un Derecho Penal del Enemigo adaptado a la realidad dominicana
La organización advierte que el enfoque actual de seguridad pública ha fracasado y urge a los poderes del Estado a implementar siete medidas estructurales para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Ante los poderes públicos y las fuerzas de seguridad y defensa, desde la Fuerza Nacional Progresista (FNP) advertimos acerca de la necesidad urgente de cambiar sustancialmente el enfoque prevaleciente en las políticas de seguridad nacional y ciudadana. Señalamos que estas políticas se asocian en el presente, de manera popular, a la aplicación sistemática del “Código 29”, lo que solo acusa las preocupantes señales del fracaso de las políticas públicas contra el crimen y el delito, restando prioridad a acciones contundentes frente al crecimiento de poderosas estructuras de criminalidad arraigadas en el espacio de la Isla de Santo Domingo, las cuales en el futuro podrían terminar por desestabilizar aún más el orden público.
Desde nuestra perspectiva, antes que un programa no declarado de eliminación física de elementos antisociales y violentos —cuyos efectos contraproducentes, superficiales o temporales están más que probados—, las autoridades deberían incorporar ciertos elementos de la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, adaptada a la realidad dominicana, aplicando de modo consecuente los mandatos constitucionales vigentes desde 2010 y reforzando o reformando la legislación adjetiva en diversos aspectos.
En las actuales condiciones de nuestro entorno exterior y las dramáticas tendencias locales, consideramos que estos cambios resultan imprescindibles para la preservación y fortalecimiento de la nación y sus instituciones republicanas. Por ello, planteamos formalmente nuestras propuestas a saber:
Servicio Social y Militar Obligatorio: Exigimos cumplir con el mandato de los artículos 75.3 y 75.4 de la Constitución de la República, para dar paso a la implantación del Servicio Social para el Desarrollo y el Servicio Militar, o una combinación de ambos, con carácter obligatorio, llamadas a lograr mayor disciplina social e integración nacional y productiva de la juventud dominicana.
Protección a la Niñez y Escudo Cibernético: Proponemos la aplicación de medidas con base en el artículo 49.7 de la Constitución para proteger a la niñez y la adolescencia de mensajes perniciosos en medios y redes que afecten su desarrollo y la convivencia familiar y comunitaria. Para ello, y para la seguridad nacional, requerimos que termine de aprobarse la ley que confiere base jurídica al Escudo Cibernético Nacional, herramienta indispensable para enfrentar la estrategia de la criminalidad organizada transnacional y su narco cultura criminal orientada hacia la población joven.
Ministerio de la Familia y Bienestar Social: Proponemos la creación del Ministerio de la Familia y el Bienestar Social en sustitución de los ministerios de la Mujer y de la Juventud, superando el enfoque de género para que sea la familia el punto focal de las políticas públicas, bajo la convicción de que sin familias fuertes las naciones se destruyen. En este orden, consideramos necesario retornar a la creación de centros culturales y deportivos en todos los sectores populares y de más espacios de diversión sana para la familia.
Jurisdicción Especial de Alcance Nacional: Planteamos la creación de una Jurisdicción Especial de Alcance Nacional, con base en el artículo 168 de la Constitución, para atender infracciones de alta peligrosidad: extinción de dominio, lavado de activos, tráfico y trata de personas, viajes ilegales, terrorismo, narcotráfico internacional, bandas criminales y corrupción de cuello blanco. Apuntamos que basta con evaluar la lenidad e impunidad de los tribunales ordinarios y el ministerio público en las siete provincias fronterizas ante el tráfico ilegal de personas para entender la pertinencia de esta medida que hemos formulado durante años.
Bloqueo de Señales Carcelarias y Control Financiero: Requerimos el bloqueo absoluto de las señales telefónicas en las cárceles dominicanas para que dejen de ser centros de mando del crimen organizado y la delictiva común, así como el reforzamiento estricto de los controles sobre las ventas de equipos telefónicos y paquetes de comunicación. Aunque Indotel ha auspiciado un primer programa, falta mucho por hacer empleando la tecnología apropiada. Asimismo, hacemos un llamado especial a las autoridades monetarias y a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para prestar atención al trasiego de recursos que fluye desde el exterior hacia los haitianos con presencia legal e ilegal en el país.
Reforma Profunda del Código Procesal Penal: Denunciamos que el Código Procesal Penal, al partir de un enfoque hipergarantista, ha facilitado la impunidad y la reincidencia, explicando por qué existen decenas de miles de casos en rebeldía y por qué la Policía Nacional recurre a los “intercambios de disparos” u homicidios conocidos popularmente como el Código 29. Por ello, exigimos modificar el Código Procesal Penal para establecer tratamientos especiales y más severos para la criminalidad compleja y/o violenta que actúa como enemiga de la convivencia social, regulando mejor la delación premiada y revisando las políticas de extradición.
Libertad Vigilada y Modificación de la Ley de Armas: Consideramos que las autoridades deben adoptar sin más dilación mecanismos de libertad vigilada —como brazaletes electrónicos, localizadores y alertas tempranas— y el control jurisdiccional de deportados o penados por crímenes graves, superando la oposición de ciertos intereses creados. Por igual, urgimos a modificar la ley general de armas para facilitar el porte, tenencia y empleo responsable y entrenado por la población apegada a la ley y el orden, señalando que el esquema actual solo favorece la proliferación de armas en manos de actores criminales, dejando a las víctimas en condiciones de indefensión frente a delincuentes que carecen de licencias.
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