En la República Dominicana, el acceso a la atención médica de emergencia es un derecho humano fundamental que debería estar garantizado para todos los ciudadanos. Sin embargo, la realidad que enfrentamos es alarmante: muchas clínicas privadas se niegan a atender a pacientes en situaciones críticas, utilizando como justificación razones económicas. Esta práctica, conocida como «rebote de emergencia», no solo es inmoral, sino que ha costado la vida a innumerables dominicanos que, a pesar de haber contribuido con sus impuestos, se ven despojados del cuidado médico que requieren en sus momentos más críticos.
Es inaceptable que la pobreza se convierta en un obstáculo para recibir atención médica de emergencia. La salud no debería ser un privilegio reservado para aquellos que pueden pagar; debe ser un derecho básico accesible a toda la población dominicana. Este es un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para que se tomen medidas concretas y efectivas.
Basado en el Artículo 61 de la Constitución Dominicana, las clínicas están obligadas a ofrecer servicios de emergencias como parte del derecho a la salud integral. Dado que el Estado debe garantizar asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran, esto implica que las clínicas, tanto públicas como privadas, deben estar preparadas para atender situaciones de emergencia de manera oportuna y efectiva. Esto asegura que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a atención médica inmediata en casos críticos, lo cual es esencial para proteger la salud y la vida de los ciudadanos.
El artículo 28 de la Ley General de Salud No. 42-01 es claro en su literal b), donde establece que todos los ciudadanos dominicanos tienen derecho a la atención de emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Este marco legal debería ser la base para exigir que las clínicas privadas cumplan con su responsabilidad de atender a todos los pacientes en situaciones críticas, sin excusas ni discriminaciones. Sin embargo, la realidad es que este derecho se ve constantemente vulnerado, dejando a muchos en situaciones desesperadas.
La responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica de emergencia no recae únicamente en el Estado, sino también en las clínicas privadas que operan en el país. Es imperativo establecer un régimen de consecuencias que prohíba, de manera contundente, la negativa a atender a pacientes en situaciones de emergencia por motivos económicos.
Sin un marco regulatorio claro y efectivo, estas prácticas se perpetuarán, poniendo en riesgo la vida de quienes más lo necesitan
En este contexto, la propuesta de Vinicio Castillo se vuelve esencial. Castillo ha señalado que «estemos conscientes de que las clínicas privadas no pueden solventar gratuitamente el costo del servicio de Emergencia. Nuestro proyecto plantea que el Estado debe crear un fondo especial a través de Salud Pública para reembolsar esos gastos, debidamente justificados». Esta iniciativa, que fue sometida en su momento en la Cámara de Diputados, busca establecer un mecanismo que garantice que las clínicas privadas puedan atender a los pacientes sin temor a perder recursos, al tiempo que se protege el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos
La implementación de políticas claras es fundamental. Se deben desarrollar protocolos que obliguen a las clínicas privadas a atender a todos los pacientes que lleguen en estado de emergencia, sin importar su situación financiera. Asimismo, es crucial fomentar una coordinación efectiva entre el sector público y privado para asegurar una atención médica oportuna y adecuada. Esto no solo protegería a los ciudadanos, sino que también elevaría la responsabilidad ética de las clínicas hacia la sociedad.
El llamado a la acción de figuras como Vinicio Castillo es un claro recordatorio de que la atención médica de emergencia no puede estar condicionada a la capacidad de pago. No podemos permitir que la falta de recursos económicos determine quién vive y quién muere.
La salud del pueblo dominicano debe ser protegida y garantizada, como lo establece la constitución dominicana, es hora de exigir a nuestras autoridades y a las clínicas privadas que cumplan con su deber de cuidar la vida de cada persona, sin discriminación ni excepciones. La vida de nuestros ciudadanos no tiene precio, y debemos luchar por un sistema de salud que lo reconozca.
La atención médica de emergencia debe ser un derecho asegurado para todos los dominicanos. La lucha por una atención médica justa y equitativa es una responsabilidad colectiva. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta injusticia.
Es momento de actuar y exigir un cambio real, donde la salud sea un derecho y no un lujo. La vida de cada dominicano es invaluable y merece ser protegida con dignidad y respeto. Es hora de aplicar el Artículo 28 de la Ley General de Salud No. 42-01 y la Constitución. La salud integral debe ser una prioridad, y todos debemos trabajar juntos para garantizar que cada ciudadano tenga acceso a la atención médica que necesita.
El compromiso del Estado y de las clínicas es fundamental para asegurar que este derecho se haga realidad, garantizando que la asistencia médica de emergencia esté al alcance de todos. Juntos, podemos construir un sistema de salud que respete y valore la vida de cada dominicano.
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